Nacionales – Redacción
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una iniciativa de reforma electoral para crear un mecanismo de revisión de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, con el objetivo de evitar que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada sean postuladas por los partidos políticos.
La propuesta contempla modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, dependiente del Instituto Nacional Electoral.
De acuerdo con lo presentado en la conferencia matutina, esta comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales y funcionaría como enlace entre los partidos políticos y distintas autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
Entre las instituciones que podrían aportar información estarían el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El mecanismo permitiría determinar si existe un “riesgo razonable” de vínculos entre una persona aspirante y grupos delictivos. Sin embargo, la participación de los partidos sería voluntaria y, en caso de recibir una alerta, cada instituto político tendría la responsabilidad de decidir si registra o no la candidatura.
La propuesta surge tras distintos casos de alcaldes y funcionarios municipales señalados por presuntos vínculos con grupos criminales, particularmente en el contexto de operativos como la llamada Operación Enjambre.
El tema ya abrió un nuevo debate político. Mientras el gobierno federal plantea el mecanismo como un candado preventivo, partidos de oposición han señalado que la medida podría quedarse corta si no incluye sanciones más severas.
Desde Acción Nacional se ha insistido en que cualquier reforma electoral debe castigar con fuerza el financiamiento ilícito, incluyendo la cancelación de candidaturas o pérdida de registro de partidos si se acredita dinero del crimen organizado.
Movimiento Ciudadano ha señalado que el problema de fondo no es solo el gasto público de los partidos, sino el dinero criminal que puede infiltrarse en campañas. En tanto, el PRI ha planteado públicamente la inhabilitación permanente para funcionarios relacionados con el narcotráfico.
La discusión ocurre a menos de un año del arranque del proceso electoral de 2027, en el que se renovarán diputaciones federales, gubernaturas y miles de cargos locales. Especialistas han advertido que los municipios son uno de los puntos más vulnerables, pues ahí el crimen organizado busca controlar territorios, gobiernos y redes de protección.
El debate de fondo no será solamente si el INE puede revisar candidaturas, sino si los partidos estarán dispuestos a someter sus perfiles a filtros reales y si existirán consecuencias legales cuando se detecten vínculos con grupos criminales.
