Estatales – redacción
Los baches dejaron de ser un problema aislado para convertirse en una constante en gran parte del estado. Durante el último año, medios de comunicación locales y estatales han documentado reportes de vialidades deterioradas en municipios como León, Irapuato, Salamanca, Celaya, Guanajuato capital, Silao, San Miguel de Allende, San José Iturbide, Moroleón y otros más, donde ciudadanos denuncian daños a sus vehículos y riesgos para la seguridad vial.
Con la llegada de la temporada de lluvias, la situación se agrava. El agua acelera el deterioro del pavimento, aparecen nuevos hundimientos y los trabajos de bacheo emergente resultan insuficientes en muchas zonas.
Más allá de representar una molestia para los automovilistas, los baches generan consecuencias económicas y sociales. Conductores reportan daños en llantas, rines, suspensiones y sistemas de dirección, gastos que pueden representar miles de pesos para las familias. También incrementan el riesgo de accidentes para motociclistas y ciclistas, dificultan la operación del transporte público y retrasan el traslado de trabajadores, estudiantes y servicios de emergencia.
En municipios con actividad industrial y agrícola, el deterioro de las vialidades también impacta la movilidad de mercancías, el turismo y la competitividad económica.
Un problema que rebasa fronteras municipales
Si bien los ayuntamientos son responsables de la mayor parte de las calles urbanas, el Gobierno del Estado también administra una amplia red de carreteras y caminos estatales que conectan comunidades y municipios, varios de los cuales también presentan desgaste y requieren rehabilitación.
En distintos puntos de Guanajuato, ciudadanos han señalado que las reparaciones suelen consistir en bacheo superficial que, tras nuevas lluvias o el paso constante de vehículos pesados, vuelve a deteriorarse en poco tiempo.
La deuda y la discusión sobre las prioridades
El debate cobra relevancia luego de que el Gobierno de Guanajuato obtuviera autorización para contratar hasta 8 mil millones de pesos de financiamiento dentro del Paquete Fiscal 2026.
De acuerdo con la información oficial, 4 mil millones de pesos están destinados al proyecto del Acueducto Solís-León, mientras que otros 4 mil millones corresponden a proyectos estratégicos de inversión pública productiva.
Aunque dichos recursos no fueron etiquetados específicamente para programas de bacheo, diversos ciudadanos cuestionan que, frente al deterioro que presentan numerosas vialidades en el estado, no exista hasta ahora un programa de rehabilitación integral que atienda uno de los problemas que más afecta la movilidad cotidiana.
Especialistas en infraestructura coinciden en que el mantenimiento preventivo suele ser considerablemente más económico que reconstruir una vialidad cuando el daño ya es severo.
Un reclamo cotidiano
Los baches no distinguen municipios, actividades económicas ni condiciones sociales. Afectan al trabajador que viaja diariamente, al comerciante que distribuye mercancía, al productor del campo, al estudiante y a las familias que utilizan las carreteras y calles para realizar sus actividades.
Mientras continúan anunciándose proyectos de gran infraestructura para el estado, miles de ciudadanos consideran que resolver problemas cotidianos como el deterioro de las vialidades también debería ocupar un lugar prioritario dentro de la inversión pública.
Porque, al final, una carretera en mal estado no solo representa incomodidad: también implica mayores costos, más accidentes, menor movilidad y una disminución directa en la calidad de vida de quienes la utilizan todos los días.
