San José Iturbide – Redacción
Arnulfo Montes de la Vega, candidato del Partido del Trabajo a la Presidencia Municipal de San José Iturbide, solicitó formalmente a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), investigar, deslindar responsabilidades y, en caso de proceder, dar vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por la presunta actuación irregular de funcionarios municipales de administraciones pasadas en el proceso de donación de terrenos para la construcción del Libramiento Poniente de la cabecera municipal.
“Los funcionarios públicos involucrados fueron omisos en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, causando con ello un severo quebranto al erario municipal”, explicó.
El exalcalde iturbidense subrayó que el asunto data del año 2009 cuando el entonces alcalde Enrique Arvizu y la secretaria del Ayuntamiento, Rosalva González Almaraz, firmaron un convenio de afectación con los hermanos Teodardo y Francisco Zarazúa Gutiérrez por tres polígonos, cuando en realidad se afectaron seis.
En conferencia de prensa, Fito Montes agregó que dicho convenio se firmó sin la anuencia del Ayuntamiento, por lo que su validez quedó a la deriva y sin mayor reconocimiento.
Los afectados presentaron una demanda para la restitución de su patrimonio, a valor comercial, pero en 2015, la administración a cargo del ahora diputado local Filiberto López Plaza, señaló que la obra del Libramiento había sido de carácter estatal, por lo que entonces fueron demandas las instancias del gobierno de Guanajuato.
En ese trienio, la Síndico Municipal era Luz María Zarazúa Monjaraz, hija y sobrina de los afectados y quien no se deslindó en su momento de participar en la demanda al existir un evidente conflicto de intereses y que ahora es candidata a la segunda regiduría por parte de Movimiento Ciudadano.
Curiosamente a tres semanas de que terminará el trienio 2012-2015, los afectados “se enteraron” de que la afectación no solo había sido en tres polígonos, sino en seis de su propiedad, por lo que demandaron a los gobiernos estatal y municipal.
La autoridad estatal procedió en su defensa, argumentando que, en efecto, la obra en cuestión había sido ejecutada por ellos, pero le correspondía al gobierno municipal entregar los terrenos en legalidad absoluta, algo que aparentemente no sucedió.
Ante la ampliación de la demanda en 2016 –y ya con una nueva administración municipal, a cargo de César Rodríguez-, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo solicitó a las partes demandas contestar al respecto, siendo las autoridades estatales las únicas que lo hicieron, no así las del municipio, en este caso el Síndico, Enrique Zarazúa; el Tesorero, Modesto Sánchez; y el secretario de Obras Públicas, Alonso Mejía, hoy candidato suplente de la primera regiduría de la planilla de Celso Mata, abanderado de Movimiento Ciudadano.
Fue así como estas tres autoridades municipales fueron omisas en el requerimiento de la demanda administrativa, al no presentar alegatos en su defensa, por lo que el Tribunal condenó al Ayuntamiento de San José Iturbide al pago de la indemnización correspondiente, la cual, aparentemente fluctúa entre los 25 y los 54 millones de pesos.
“Imaginemos la magnitud y afectación que esa cantidad representará para las arcas municipales, si tan solo tomamos en cuenta que el presupuesto anual de la Secretaría de Obras Públicas de San José es de 50 millones de pesos… Un daño inmenso, sin duda”, expuso Arnulfo Montes.
El político iturbidense consideró que al menos hay seis exfuncionarios que deberán dar la cara por todo este embrollo que lleva doce años: Enrique Arvizu (ex alcalde en el periodo 2006-2009); su entonces secretaria de Ayuntamiento, Rosalva González Almaraz; así como Luz María Zarazúa, Enrique Zarazúa, Modesto Sánchez y Alonso Mejía.
“Ya basta de la corrupción que prevalece cada trienio en San José Iturbide; ya basta de candidatos que se quieren vender al mejor postor para armar triquiñuelas; es tiempo, en efecto, de volver a creer y rescatar al municipio, pero ya a partir de este momento, no con frases pragmáticas… Hoy en San José es necesario y urgente un Observatorio Ciudadano para vigilar las obras y el destino de los recursos, porque está visto que los ayuntamientos solo han servido para hacer negocios turbios y priorizar los delitos de cuello blanco”, concluyó.
