Nacionales – Redacción
Una familia integrada por dos adultos y una menor de edad fue privada de la vida de manera violenta en el estado de Michoacán, luego de ser calcinada cuando aún se encontraba con vida, de acuerdo con la información presentada por la autoridad durante una audiencia judicial celebrada en Morelia.
Las víctimas fueron identificadas como Víctor Manuel Mújica, de 37 años, Anayeli Hernández, de 36 —ambos intérpretes de Lengua de Señas Mexicana— y su hija Megan, de 12 años de edad. La familia fue reportada como desaparecida el pasado 14 de enero, y tres días después sus restos fueron localizados en el municipio de Zinapécuaro.
Durante la audiencia de imputación correspondiente a la causa penal 71/2026, la autoridad ministerial detalló que tres personas participaron en el crimen. Uno de ellos, Alfredo “N”, primo de Víctor, fue detenido el 24 de enero; sin embargo, se confirmó que existen dos implicados más, quienes continúan prófugos.
De acuerdo con los datos de prueba, los agresores arribaron al domicilio de la familia —ubicado en un fraccionamiento al oriente de Morelia— alrededor de las 22:30 horas del 14 de enero, donde mantuvieron a las víctimas privadas de la libertad hasta el día siguiente. Durante el cautiverio, Víctor fue golpeado de manera reiterada en el rostro y la cabeza.
El análisis de cámaras de videovigilancia permitió establecer que los agresores se trasladaban en una camioneta pickup roja, misma que fue captada tanto antes de llegar al domicilio como durante la huida, ocurrida el 15 de enero, cuando utilizaron dos vehículos: el propio y una camioneta Chevrolet de las víctimas.
Los dictámenes periciales revelaron que la causa de muerte fue asfixia por sofocación derivada de la carbonización, confirmando que las tres víctimas fueron quemadas cuando aún estaban con vida. Los estudios forenses establecieron que la primera en fallecer fue la menor, seguida del padre y, finalmente, la madre.
Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán solicitó que parte de la audiencia se desarrollara de manera privada, con el objetivo de no comprometer la investigación ni la seguridad de las víctimas indirectas. El juez de control Cristóbal Luviano Tena autorizó el desalojo del público únicamente durante la exposición de testimonios.
A petición de la defensa de Alfredo “N”, el juez concedió la duplicidad del término constitucional, por lo que será el 30 de enero cuando se determine su situación jurídica.
De manera paralela a la audiencia, colectivos de la comunidad sorda, personas con discapacidad y organizaciones de derechos humanos realizaron una manifestación pacífica en el centro de Morelia, exigiendo justicia para Víctor, Anayeli y Megan. La movilización concluyó frente a Palacio de Gobierno, donde reiteraron su llamado a que el caso no quede impune.
