Estatales – Redacción

Durante los últimos cuatro años, el Gobierno de Guanajuato destinó más de 6.7 millones de pesos del programa social BECAT para la capacitación de personal de Transportes Castores de Baja California S.A. de C.V., empresa propiedad del político panista Juan Carlos Muñoz Márquez. Esto, dado a conocer por el diario estatal Correo.

Información obtenida vía transparencia revela que el 94% de estos recursos se ejercieron durante el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, mientras que sólo una fracción menor corresponde a la actual administración.

BECAT es un programa operado por la Secretaría de Economía con enfoque social, diseñado para apoyar a personas con dificultades para acceder al empleo. Sin embargo, en la práctica ha sido utilizado de forma reiterada para financiar la capacitación interna de empresas privadas con solvencia económica, como Castores.

Entre 2022 y 2025, Transportes Castores aparece como una de las principales beneficiarias del programa, con montos comparables a los otorgados a corporativos transnacionales, pese a no tener el mismo perfil industrial ni nivel de inversión.

Aunque el gobierno estatal sostiene que el apoyo es “indirecto”, al entregar los recursos a personas capacitadas y no a las empresas, el beneficio económico es real, ya que el Estado absorbió costos que la compañía pudo cubrir con recursos propios.

La dependencia reconoció oficialmente el uso de 6.77 millones de pesos del BECAT vinculados a Castores, confirmando que la empresa funge como “espacio de formación práctica”, con el compromiso de contratar a la mayoría de los capacitados.

Un nombre recurrente en la política panista

Juan Carlos Muñoz Márquez ha sido diputado local, diputado federal y presidente del Patronato de la Feria Estatal de León. Su figura es recordada también por una polémica declaración en 2016, cuando aseguró que “ganaba poquito”, pese a percibir más de 108 mil pesos mensuales como legislador.

El caso reabre el debate sobre el uso de programas sociales para beneficiar indirectamente a empresas privadas vinculadas a figuras con poder político en Guanajuato.

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