Nacionales – Redacción

A partir de este martes, en la ciudad de Nueva York, inicia el juicio contra Genaro García Luna, quien durante el desempeño de su cargo como Secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, también era el encargado de encabezar los esfuerzos contra el narco tráfico e el país.

El ex funcionario caderonista, tendrá que responder por cinco cargos, entre ellos narcotráfico, que le pueden llevar a pasar el resto de sus días en la cárcel.

El proceso del funcionario de mayor rango mexicano que comparece ante la justicia estadounidense, se inicia con la selección del jurado en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn, que determinará a lo largo de ocho semanas la suerte de este ingeniero mecánico de formación de 54 años.

García Luna está acusado de cinco cargos, entre ellos, participar en una empresa criminal, conspirar para el tráfico de cocaína y mentir a las autoridades cuando solicitó la nacionalidad estadounidense en 2018. 

Según la fiscalía, el que fuera director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) entre 2001 y 2005 y después secretario de Seguridad Pública (2006-2012) bajo el gobierno de Felipe Calderón, ayudó al Cártel de Sinaloa y a su jefe, Joaquín “Chapo” Guzmán, a introducir 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos, convirtiéndose en un “miembro” más de la conspiración.

El “superpolicía”, habría ayudado al cártel del Chapo, quien protagonizó una sonada fuga cuando él era responsable de la Seguridad, haciendo la vista gorda sobre sus actividades, avisándole de operativos policiales, deteniendo a miembros de cárteles rivales y colocando a otros funcionarios corruptos en influyentes puestos de poder a cambio de “millones de dólares”.

Detenido el 4 de diciembre de 2019 en Dallas, estado de Texas, el nombre de García Luna surgió durante el juicio del Chapo Guzmán (condenado a cadena perpetua en Estados Unidos) llevado por el mismo juez que ahora lo juzgará a él: Brian Cogan.

El entonces miembro del cartel de Sinaloa, Jesús “Rey” Zambada contó en el juicio que había entregado al entonces funcionario en un restaurante maletas con entre seis y ocho millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2007.

El actual gobierno de México, que ha pedido su extradición a Estados Unidos, también lo acusa de desviar más de 200 millones de dólares del erario hacia empresas de su familia.

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