Aunque la cifra bajó respecto a 2024, el estado se mantuvo en el primer lugar nacional en este indicador. Un análisis del CISAV examina cómo la violencia afecta la asistencia escolar, el juego y la convivencia en las comunidades.
Estatales – Redacción
Guanajuato pasó de 157 a 107 víctimas de homicidio doloso de entre 0 y 17 años entre 2024 y 2025, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) citados por el Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV).
El análisis también reporta que, entre enero y abril de 2026, 29 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio doloso o feminicidio en Guanajuato. Seis tenían hasta 12 años y 23 eran adolescentes.
José Miguel Ángeles de León, autor del estudio, recuerda ataques armados en Irapuato, Pénjamo y Salamanca en los que murieron menores de edad. El investigador señala que cada caso debe esclarecerse por separado antes de atribuirlo a una organización criminal.
En el ámbito nacional, REDIM contabilizó 415 víctimas menores de edad de homicidio doloso entre enero y septiembre de 2026, una disminución de 28.3% respecto al mismo periodo de 2025. En esos nueve meses también se registraron 36 víctimas de feminicidio.
Cómo cambia la vida cotidiana
El estudio examina qué ocurre con quienes presencian un ataque, pierden a un familiar o viven en comunidades donde la inseguridad altera sus rutinas. El miedo puede llevar a niñas, niños y adolescentes a faltar a clases, evitar ciertas calles o dejar de jugar en espacios públicos.
El autor retoma hallazgos preliminares de una investigación de UNICEF México y la UNAM que identifica el miedo persistente, el estrés tóxico y las interrupciones escolares entre los efectos de la violencia de la delincuencia organizada. También aborda el riesgo de reclutamiento y plantea que quienes son obligados a colaborar con grupos delictivos deben ser reconocidos como víctimas y recibir protección.
El acompañamiento a las familias
Ángeles de León propone que las parroquias ofrezcan espacios de escucha para familias en duelo, estudiantes que temen volver a clases y adolescentes que reciben amenazas. El acompañamiento, señala, debe coordinarse con instituciones especializadas y proteger la identidad de las víctimas menores de edad. La seguridad, la procuración de justicia y la atención psicológica siguen siendo responsabilidades del Estado.
El análisis plantea incorporar a los balances de seguridad indicadores sobre las condiciones en que crece la infancia. Entre las prioridades menciona la continuidad escolar, el acceso a atención psicológica y la recuperación de espacios públicos donde niñas, niños y adolescentes puedan jugar y convivir con seguridad.
