Nacionales – Redacción
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este 29 de abril de 2026 una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, por presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas.
De acuerdo con la acusación, radicada en el Distrito Sur de Nueva York, los implicados habrían participado en una conspiración para introducir grandes cantidades de drogas —incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina— hacia territorio estadounidense.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los funcionarios mantenían vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”, a quienes presuntamente brindaban protección institucional, información estratégica y facilidades para operar con impunidad.
Además del narcotráfico, la acusación incluye delitos relacionados con posesión y conspiración para el uso de armas de alto poder, así como la recepción de sobornos a cambio de protección política.
Entre los señalados también figuran perfiles de alto nivel, incluyendo un senador y funcionarios de seguridad y administración pública en Sinaloa.
El fiscal federal estadounidense señaló que este tipo de redes permiten el fortalecimiento de los cárteles mediante corrupción institucional, facilitando el tráfico masivo de drogas hacia Estados Unidos.
Las penas por estos delitos podrían alcanzar hasta cadena perpetua. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los acusados ha sido detenido, y el gobierno de México ha señalado que será la Fiscalía General de la República la encargada de revisar el caso y las pruebas presentadas.
Este caso representa un punto crítico en la relación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.










