San José de Iturbide – La Opinión Revista
Seis meses después de la noche que marcó a la comunidad -cuando un incendio en el anexo Volver a Vivir 24 Horas dejó a internos sin vida-, el presidente municipal, Manuel Montes de la Vega, reconoció que permanece “una deuda de justicia” para las familias dolientes.
En entrevista, el alcalde incorpora el reconocimiento del dolor colectivo, la urgencia administrativa y la exigencia a las autoridades estatales para que las averiguaciones no queden en trámite eterno.
Montes de la Vega describió lo ocurrido como “algo terrible” y detalló las acciones que su administración ha impulsado desde el ámbito municipal: coordinación con Protección Civil, revisión de reglamentos y el trabajo de la Unidad Comunitaria de Salud Mental (UCSAM) para dar seguimiento a los centros de atención en el municipio y procurar que dignifiquen la labor para la que fueron creados.
Sin embargo, insistió en los límites de la competencia municipal: “Recordemos, los municipios hasta donde tienen sus facultades… es a que principalmente Protección Civil indague bajo la estructura y bajo las condiciones en que se encuentran los inmuebles para el tema de seguridad.”
DILACIÓN DE LA FISCALÍA
A la par de esas acciones preventivas y normativas, el alcalde reconoció un escollo que hoy frena respuestas claras: la falta de información de la Fiscalía. En este sentido, dijo que la carpeta de investigación ha sufrido retrasos y cambios institucionales.
“Han cambiado en dos ocasiones ya los fiscales regionales para la zona, lo que ha afectado la continuidad y la comunicación del avance en la búsqueda de responsabilidades”, explicó.
Por ello, anunció que solicitará audiencia con el nuevo fiscal para poner sobre la mesa no sólo el caso del anexo sino otras carpetas abiertas, con el objetivo de pedir celeridad y, una vez recibido el informe, informar a la población.
MENSAJE A LOS DEUDOS
El mensaje hacia las trece familias que perdieron a sus seres queridos fue claro y humano: la administración municipal “siempre estará atenta para apoyarlos en lo que necesiten”. Al mismo tiempo, el alcalde elevó su reclamo a las instancias estatales: exhortó al Congreso local y, en particular, a la Secretaría de Salud para que legislen con mayor precisión y otorguen licencias y mecanismos de control que eviten que centros irregulares operen con impunidad.
En su diagnóstico, la actual regulación estatal es insuficiente para un tema de salud mental y adicciones que, dijo, requiere normas específicas, inspecciones y autorización formal para el suministro de medicamentos y los servicios que allí se prestan.
Desde el municipio, las medidas pasan por la revisión del reglamento de Protección Civil y el fortalecimiento de la UCSAM para intervenir en la prevención y supervisión “de manera general”, pero subrayó que la emisión de licencias y la regulación sanitaria es responsabilidad estatal.
Esa grieta normativa, advirtió, es la que permite que en varios municipios persistan centros que operan con deficiencias y, en algunos casos, de forma irregular; una condición que convierte en urgente la acción legislativa y ejecutiva para prevenir nuevas pérdidas humanas.
La entrevista del alcalde deja dos certezas que se entrelazan con la tristeza de la comunidad: por un lado, la administración local reivindica su disposición a acompañar a las familias y a mejorar los mecanismos de control dentro de sus facultades; por otro, reclama a las instancias estatales la responsabilidad plena en la regulación sanitaria y la prontitud en las investigaciones que, hasta hoy, mantienen a las familias sin respuestas y a la sociedad en espera de justicia.
PEDIRA RESPUESTAS CLARAS DE LA FISCALÍA
Manuel Montes de la Vega afirmó su compromiso de volver a reunirse con la Fiscalía, de exigir que las carpetas avancen y de informar oportunamente a la ciudadanía sobre los avances.
A seis meses de la tragedia, la exigencia que surge de la voz municipal no elude el reclamo central: que las víctimas y sus deudos no queden en el olvido administrativo; que la investigación entregue resultados; y que las normas y controles impidan que otro anexo funcione en condiciones que pongan en riesgo vidas.
En ese reclamo convergen la memoria de los que se fueron y la responsabilidad de quienes deben proteger a la comunidad.
