San José de Iturbide – Redacción
A casi una semana de la mayor tragedia en la historia reciente del municipio, donde doce personas fallecieron en el incendio del anexo “Volver a Vivir”, la Guerra de declaraciones entre el gobierno municipal y la Secretaría de Salud del Estado, se ha ido intensificando.
Municipio culpa a la Secretaria de Salud
El gobierno municipal de San José de Iturbide, reconoció que el anexo operaba de manera irregular. Manuel Montes afirmó que no brindará protección a nadie y que cada quien debe asumir su responsabilidad. Además, señaló que la administración municipal anterior otorgó un visto bueno para el funcionamiento del anexo utilizando planos de otro domicilio, lo que calificó como una irregularidad. Explicó que Protección Civil inspeccionó el centro y detectó fallas, pero no lo clausuró de inmediato debido a que existe un plazo legal de 10 días para subsanar las irregularidades detectadas. Además el gobierno municipal ha señalado que la responsabilidad de la Secretaría de Salud de Guanajuato, al ser la entidad encargada de regular estos centros de rehabilitación, y enfatizó en el vacío legal que existe en el Estado referente a esta materia.
La Secretaría de Salud se defiende
Por su parte, Gabriel Cortés Alcalá, Secretario de Salud en el Estado, Señaló que el municipio tenía la facultad legal para clausurar el establecimiento y que debió hacerlo en el momento en que se detectaron las irregularidades. Destacó que la regulación de estos centros es una responsabilidad compartida entre el estado y los municipios, y que la Secretaría de Salud interviene una vez que se han cumplido requisitos como el uso de suelo y la validación de Protección Civil.
“Evidentemente, y el alcalde lo mencionó en su reunión de ayuntamiento, tuvieron visitas por parte de Protección Civil y del área de permisos de uso de suelo, y encontraron irregularidades. Evidentemente no hicieron algo por clausurarlo”, mencionó el secretario de salud.
Avances en la investigación
Por otra parte el Secretario de Gobierno del Estado, Jorge Jiménez Lona, informó que el incendio fue provocado por un interno que también perdió la vida en el lugar del siniestro:
«La información que tenemos es que fue generado del interior del establecimiento, la persona que lo generó falleció ahí, era una persona interna», señaló el funcionario en declaraciones a medios de comunicación. Además señaló que de acuerdo con datos que arrojaron las necropsias, siete de las doce perdonas sin vida murieron por intoxicación.
También reveló que el Estado pidió a los alcaldes un informe detallado sobre los anexos que operan en los municipios para avanzar en la regularización de estos centros de atención a personas con adicciones y garantizar que sean espacios seguros.
Añadió que los municipios más pequeños no entregaron la información requerida, aunque evitó señalar de quienes se trata.
«Tenemos 255 con una licencia de funcionamiento por parte de la secretaría de salud, hay un resto de los cuales no tenemos todavía la información, tenemos 320 anexos maleados y se le pidió a cada uno de los municipios informarán cuántos anexos y en qué domicilios están; algunos municipios no informaron, eso nos llama la atención», declaró.
Indicó que los anexos no solo requieren de las licencias de operación otorgadas por la Secretaría de Salud, sino que deben cumplir con todos los permisos municipales, entre ellos, el permiso de uso de suelo y de protección civil, a efecto de garantizar que sean espacios seguros para los internos.
