Estatales – Redacción
El Congreso del Estado de Guanajuato enfrenta una creciente presión política y jurídica luego de que restan únicamente 30 días para que concluya el plazo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para armonizar la legislación estatal en materia de aborto.
Aunque el máximo tribunal ordenó eliminar del Código Penal local las disposiciones que criminalizan la interrupción del embarazo, el proceso legislativo continúa sin un dictamen definitivo y permanece detenido en la Comisión de Justicia.
La resolución de la SCJN otorgó al Poder Legislativo estatal un periodo de 90 días hábiles para adecuar la ley. Dicho plazo comenzó a contabilizarse desde el inicio del actual periodo ordinario de sesiones en febrero; sin embargo, las diferencias políticas y las posturas ideológicas han impedido que exista consenso.
El retraso ha derivado en señalamientos cruzados entre las distintas fuerzas parlamentarias.
Legisladores de Morena y Movimiento Ciudadano han acusado al PAN de intentar frenar o prolongar deliberadamente el análisis debido a su postura conservadora sobre el tema. Aseguran que Guanajuato se mantiene como una de las entidades con mayor resistencia política a la despenalización del aborto.
Por su parte, diputados panistas rechazan dichas acusaciones y argumentan que el tema sigue el procedimiento legislativo correspondiente, incluyendo consultas, análisis técnicos y mesas de trabajo solicitadas por distintas bancadas.
La diputada panista Itzel Mendo reiteró públicamente su postura “a favor de la vida”, señalando que también representa el sentir de diversos municipios de su distrito. En la misma línea, el legislador Jorge Espadas Galván sostuvo que Acción Nacional mantendrá firme su posición en defensa de la vida.
En contraste, legisladoras de Morena han señalado que el Congreso no puede seguir aplazando una resolución judicial obligatoria y han insistido en que la discusión debe centrarse en los derechos, la salud y la autonomía de las mujeres.
El escenario jurídico podría escalar si el Congreso incumple con el plazo fijado por la Corte. De ocurrir, la SCJN tendría la posibilidad de emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad, mecanismo mediante el cual quedarían invalidadas las normas que sancionan el aborto en Guanajuato, aun sin reformas aprobadas por el Legislativo local.
El tema ha reactivado uno de los debates sociales y políticos más polarizados en la entidad, donde colectivos feministas, organizaciones provida, partidos políticos y ciudadanos mantienen posiciones profundamente divididas.
