Estatales – Redacción
La Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato, con mayoría panista, dictaminó en sentido negativo tres iniciativas que buscaban despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, sin realizar mesas de trabajo con colectivos y personas interesadas en el tema.
Las iniciativas fueron presentadas entre septiembre y noviembre: una por Movimiento Ciudadano, y dos por legisladoras de Morena, María Eugenia García Oliveros y Martha Edith Morena Valencia.
En el análisis se contempló la resolución del amparo de GIRE, donde la Suprema Corte declaró inconstitucional el delito de aborto tal como se encuentra en el Código Penal de Guanajuato.
Aunque se planteó elaborar un dictamen en sentido positivo, la propuesta fue rechazada. Se ordenó entonces redactar un dictamen negativo, que terminó avalado por mayoría panista: Rolando Alcántar, Susana Bermúdez y Karol Jared González.
Votaron en contra del dictamen negativo la diputada priista Ruth Tiscareño y la morenista María Eugenia García Oliveros.
García Oliveros, presidenta de la comisión, fue cuestionada por la falta de mesas de diálogo. Señaló que se habilitó un link para recibir comentarios, y que el tema ya había sido “ampliamente discutido”.
Desde Morena y MC, legisladoras señalaron que la prisa del dictamen ignoró que cada iniciativa tenía particularidades y fundamentos propios. Recordaron que la Suprema Corte ha establecido que no es constitucional mantener leyes que criminalicen a mujeres y personas gestantes por decidir sobre su embarazo.
La diputada Karol Jared González (PAN) sostuvo que el tema ha sido “suficientemente discutido” y pidió votar de inmediato el sentido del dictamen basándose en resoluciones ya aprobadas en periodos anteriores.
Por su parte, Ruth Tiscareño (PRI) destacó la obligación del Congreso de armonizar la ley con los criterios de la Suprema Corte y los estándares internacionales de derechos humanos.
Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Sandra Pedroza Orozco insistió en que los derechos de las mujeres son progresivos y que el Congreso debe garantizar su protección. Subrayó que la Corte ya determinó que el Código Penal de Guanajuato viola derechos, y cuestionó por qué no se acata esa resolución.
Pedroza enfatizó que la reforma busca evitar la criminalización, reducir la mortalidad materna y evitar que niñas sean obligadas a ser madres producto de violencia.
“Las maternidades impuestas truncan proyectos de vida… y yo no voy a mantenerme indiferente”, declaró.
Aunque el dictamen negativo ya fue aprobado en comisión, aún deberá votarse en el Pleno, donde el resto de las y los diputados definirán si lo ratifican o rechazan.
