Nacionales – Redacción

El intérprete de narco corridos Gerardo Ortiz, ha confesado haber dado conciertos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico y tráfico de armas calificada como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Según documentos judiciales revelados esta semana, Ortiz ha reconocido haber participado en al menos seis conciertos organizados por un promotor sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2018 por presunto lavado de dinero para el citado cártel.

La confesión se ha producido en el marco de la investigación contra Ángel del Villar, dueño de la discográfica DEL Records, una compañía muy pujante desde que publicara grandes éxito de la estrella mexicana Peso Pluma. Villar está acusado de infringir la Ley Kingpin, una normativa estadounidense que sanciona a personas y organizaciones extranjeras vinculadas con el tráfico internacional de drogas, al asociarse con el promotor de conciertos Jesús Pérez Alvear, alias ‘Chucho’, y su empresa Gallística Diamante, a su vez señalados por sus presuntos vínculos con el CJNG. Esta investigación se ha acelerado de desde el asesinato de Pérez Alvear en diciembre de 2024 en un restaurante de la Ciudad de México.

Alexander Schwab, fiscal federal adjunto del caso, informó que el intérprete de narcocorridos será citado para testificar en contra de Del Villar, para que brinde detalles de cómo fue persuadido para ignorar las advertencias del FBI y continuar trabajando con el promotor sancionado. Pero Del Villar niega las acusaciones, y su equipo legal confía en que el jurado lo absolverá.

Las condenas por infringir la Ley Kingpin pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares en el caso de que el acusado sea funcionario. Para corporaciones, las multas pueden llegar a los 10 millones de dólares. Las personas físicas como Ortiz podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas adicionales conforme al Título 18 del Código de los Estados Unidos. Al haberse declarado culpable de colaboración con las tramas de los narcos, la prensa local asegura que las consecuencias legales en caso de ser condenado serán únicamente de carácter económico, lo que significaría evitar la cárcel.

Mientras su caso se resuelve, sus conciertos están siendo cancelados uno detrás de otro. Este mismo miércoles se ha sabido que la Feria de Puebla 2025 ha decidido prescindir de su actuación el próximo mes de mayo.

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